Una garantía para leyes eficaces

Palacio Legislativo de Puerto Rico

Este artículo pretende hacer una reflexión sobre una experiencia vivida en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. 

Una y otra vez, escuché cómo se proponían soluciones jurídicas a los más variados problemas sociales. Algunas veces, pude notar una cierta frustración por no haber resuelto determinado problema a pesar de las distintas leyes que se aprobaron para atenderlo. Percibí la convicción en muchos profesores, de que los problemas de un país se resuelven con un ordenamiento jurídico apropiado. Sus esperanzas de un mundo mejor están cifradas en lograr el cuerpo legal oportuno.

Ante este modo de ver el derecho, pensé, y alguna vez expuse en clase, que estaba en desacuerdo con él. La dogra, la violencia, el fraude, el robo no son problemas jurídicos, sino morales. Quien se  dedica a vender droga, o robar o matar, no dejará de hacerlo por una ley que se lo prohíba. El poder disuasivo de la ley funciona para el ciudadano común, no para el delincuente de oficio. Este último, ha decidido, a conciencia, obrar en contra de la ley, ignorando o despreciando el mal moral que conlleva su conducta. La solución a este problema no es una norma jurídica sino una educación en valores.

La educación en valores es impartida de un modo fundamental en la familia. Como sabemos, esta institución se encuentra ante agresivos ataques para desnaturalizarla. Paradójicamente este ataque se hace desde el derecho, desde la norma jurídica. Esta tendencia a desnaturalizar la institución de la familia, en aras de una mal entendida igualdad y tolerancia,  también se ha puesto de moda en la Universidad de Puerto Rico.

Así las cosas, me fui de esa escuela con un curioso panorama. Por un lado, aprecié un convencimiento profundo de que el derecho es la solución a todos los problemas sociales. Y por otro, noté la aprobación casi general, del ataque jurídico que recibe la institución del matrimonio y la familia. Por ejemplo, en las aulas de la Escuela escuché explícitamente a una profesora decir “el Estado debería asumir como política pública facilitar el divorcio”.

Pienso, sinceramente, que estas actitudes son incompatibles. El derecho no puede pretender ayudar a una sociedad si se utiliza para destruir su escuela básica de valores. Es incoherente que el derecho exija a sus ciudadanos una conducta buena, honesta, respetuosa si a la misma vez les destruye el ámbito donde todo hombre aprende qué es el bien, qué es la honestidad, qué es el respeto y porqué es bueno vivir esos valores.

La única explicación que consigo a esta incompatibilidad es que no se ha entendido  la raíz del problema. Seguimos pensando que el problema de la violencia es que hay pocos policías, o que el problema de las escuelas públicas es que las instalaciones de los planteles educativos no están en buenas condiciones, que el problema de algunos delitos es que no tienen penas suficientemente severas. Si pensamos así, podemos estar viendo una posible solución pero no la solución de fondo. La raíz está en la formación moral de la persona. Para que una sociedad progrese, no se necesitan grandes ordenamientos jurídicos, lo esencial es que sus miembros quieran libremente hacer el bien. Eso se aprende en la familia.

Si el derecho quiere contribuir al progreso de un país, su principal ocupación es proteger el matrimonio y la familia natural. Si construye sobre eso, tendrá garantizada la eficacia de todo el resto del ordenamiento jurídico.